Sobre la banalización municipal de lo público en las calles y plazas de Toledo.

Sobre la banalización municipal de lo público en las calles y plazas de Toledo.
Hilario Alarcón.

En los últimos diez años, el Ayuntamiento de Toledo, con creciente y acusado criterio mercantilista, está aplicando una gestión del uso de calles y plazas que banaliza, relativiza y erosiona su naturaleza pública. En los crecientes puntos de la ciudad donde concurren intereses empresariales, y especialmente en el Casco Histórico con los intereses turísticos, el sentido primario de uso de amplias zonas es satisfacer intereses económicos privados. De “la calle con negocios” se ha pasado a “la calle es el negocio”.

Así, sucesivas decisiones municipales sobre diseño, mobiliario y usos preferentes de vías públicas que son objetivo de intereses empresariales, relegan el concepto social igualitario de ciudadano, y premian el excluyente concepto económico de cliente. El Ayuntamiento se escuda con la perogrullada de que “los clientes de un empresario son también ciudadanos” (sic), y así encubre una política municipal economicista que orienta a los ciudadanos a ser clientes, porque, solo como ciudadanos, quedan relegados a una posición secundaria en el uso preferente de estas vías públicas mercantilizadas.

En Toledo, el ejemplo más veterano de la banalización municipal de la naturaleza pública de calles y plazas, por aplicación de criterios exclusivamente mercantilistas, es el negocio de las llamadas sillas de alquiler en vías públicas por donde discurren procesiones católicas en Semana Santa y Corpus. Aquí, el Ayuntamiento, nos impone arbitrariamente una gestión mercantil de calles y plazas por una empresa privada con ánimo de lucro, en régimen de monopolio, que grava la mera estancia en una vía pública propiedad de los ciudadanos, para ver un acto público sin ánimo de lucro organizado por la Iglesia católica. Si se tiene una micra de sensibilidad social hacia lo público, esta prebenda asombra por muchas veces que se repita: el Ayuntamiento inventa un negocio para una empresa privada que ni costea el mantenimiento ni la seguridad de las vías públicas, pero que cobra por estar en ellas, y que ni financia ni organiza el acto católico, pero que cobra por verlo. En definitiva, una empresa con patente de corso municipal para parasitar nuestras vías públicas y los actos públicos ajenos.

Sucesivos gobiernos municipales han mantenido, y mantienen, este negocio privado que, se quiera o no, origina una discriminación por criterios económicos en la mera estancia en una calle pública para ver un acto público sin ánimo de lucro. ¿Las razones de interés general del gobierno local?... Pues titubeos inconsistentes, como “lleva mucho tiempo así” o “en otros sitios también sucede” o directamente el embuste “solo es para que se sienten los viejecitos”, aun conociendo que los sitios se alquilan y realquilan por lotes de forma especuladora a agencias turísticas. Claramente, es solo un negocio puro y duro que, bajo el nombre de “protocolo de colaboración”, lleva 35 años adjudicándose a dedo a la misma empresa, y que se asemeja a un trato de intercambio de favores entre ganaderos que se estrechan las manos tras escupir en ellas: el Ayuntamiento tiene sillas gratis para sus actos varios y, a cambio, la empresa queda autorizada a cercar calles y plazas públicas con miles de sillas privadas como si fueran alambradas, e imponer una tasa de estancia en diversas calles a vecinos y extraños.

Hay quienes opinan que si hay personas que quieren pagar por un sitio para ver una procesión católica, allá ellos. Pero se confunden, la cuestión no es si se quiere comprar, sino que no se puede vender. El fondo no es ver o no una procesión, sino que un negocio empresarial rompe el principio de igualdad de libre tránsito y estancia en las vías públicas, porque una persona no tiene más derecho que otra a estar en un sitio u otro de una calle o plaza, y porque una empresa privada con ánimo de lucro no puede traficar con ese derecho, creando zonas principales para gente que paga, y zonas residuales para gente que no quiere o no puede pagar.

Pero, al final, en una ciudad con miles de personas desempleadas, y cientos de familias sin ingresos, este tema, por comparación, no tiene importancia. Aunque, si se piensa, estas personas sin ingresos no se sentarán en ninguna de las sillas de pago de esta empresa protegida por el Ayuntamiento.