HAY QUE DEMOLER LAS VIVIENDAS ILEGALES.

Colaboracion.

Por Hilario ALARCÓN.



“Hay que demoler las viviendas ilegales” ...



... Este imperativo rezuma cruda lógica jurídica por los cuatro costados. Pero, en el mundo actual, donde nos hemos aclimatado a convivir con comodidad con el dinero negro y con las corruptelas, el “hay que demoler las viviendas ilegales” es tachado de revolucionario. La aseveración es de D. Antonio VERCHER, Fiscal Especial contra los delitos sobre Medio Ambiente y Urbanismo. Y, aunque solo enfatiza la finalidad de esta fiscalía en la totalidad del territorio nacional, podría ser solo específico hacia Toledo.

Para Iniciativa Ciudadana este esfuerzo de las fiscalías anticorrupción, tardío pero saludable, en defensa real del principio de legalidad, choca con el tibio comportamiento de la gente que gestiona las distintas administraciones públicas que dormitan en esta ciudad. Un ejemplo de esto es lo primero que ha declarado el Consejero de Vivienda, Sr. Alejandro Gil, al conocer lo dicho por este fiscal: "En los casos de ilegalidades urbanísticas, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha es mas partidaria de los acuerdos negociados que de los derribos". Y otra muestra más sobre lo mismo es lo que también recientemente ha expuesto el Sr. Alcalde de Toledo, D. Jose Manuel MOLINA, en una emisora de radio local respecto a un conflicto de presunta apropiación empresarial de una vía pública: "La Alcaldía siempre es primero partidaria de un mal acuerdo antes que de un buen pleito". ... Dos reveladores mensajes a esos navegantes que solo sirven para estimular una codicia que atenta contra la legislación urbanística y el patrimonio público.

Por unas causas desconocidas para Iniciativa Ciudadana, y que solo deben saber los propios responsables de cada institución, las administraciones públicas mantienen una actitud que ni evita, ni combate, ni penaliza con eficacia real los beneficios urbanísticos injustificados de algunos empresarios de la construcción. Un talante político que hace que en Toledo se mantengan, se defiendan o se negocien situaciones irregulares que en otros sitios de este país, ahora bajo la lupa de la prensa nacional, llevan al escándalo social o incluso a la investigación judicial.

Casos como el de “Tres Culturas”, una oscura urbanización en terreno rustico con venta ilegal de casi 175 viviendas, sin ninguna sanción –ni siquiera un murmullo de reproche- de administración publica alguna, e incluso con un intento por ahora



frustrado de recompensa municipal a la vistosa empresa constructora con la aprobación de un PAU con mas de 600 nuevas viviendas en régimen de mercado libre en la misma zona.

Como el caso del Hotel Cigarral Caravantes, con una enorme construcción ilegal en el área protegida de los Cigarrales, condenada al derribo por una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia, que la Concejalía de Urbanismo no cree conveniente



ejecutar alegando evasivas y razones equívocas, y que incluso plantea la posibilidad de un parcheo jurídico de la situación de muy dudosa legalidad y que nada tiene que ver con el interés general.

Como el caso del edificio de FEDETO en el Paseo de la Rosa, cuyo propietario sortea impunemente la ejecución de derribo dictada en una sentencia firme del Tribunal



Supremo en el año 2000, contando con una consciente pasividad de los responsables tanto del Ayuntamiento como de la Junta de Comunidades.

Como el caso de la “Cava Baja” en el Casco Histórico, donde una empresa constructora, sin licencia municipal, con impunidad durante mas cuatro meses, derribó toda una manzana de casas, excavó zanjas de mas de tres metros de profundidad, descubrió restos de la antigua judería sin un inicial control arqueológico, ocupó y socavó cientos de metros cuadrados de una gran parcela municipal anexa, valló y modificó todas las vías publicas alrededor de la obra,



sin que hasta ahora se sepa si el Ayuntamiento o la Junta tienen previsto aun aplicar el correctivo correspondiente, que el ordenamiento jurídico urbanístico o de protección del patrimonio dispone, contra este empresario infractor .

Se diga lo que se diga, se escriba lo que se escriba, para Iniciativa Ciudadana las explicaciones de estas y otras situaciones análogas por políticos solo son camuflajes de injusticias consentidas. Una y otra vez se ingenian pretextos para mantener estos escenarios que alimentan un morboso efecto llamada a constructores poco escrupulosos atraídos por un fácil origen de beneficios, empresarios amantes del todo vale porque se ha demostrado que en esta ciudad existe la posibilidad del provecho ilícito sin riesgo digno de mención. Hoy, en Toledo, no hay una sanción urbanística que ponga en grave peligro el beneficio irregular previsto, no hay edificación ilegal que vaya a ser demolida, no hay situación urbanísticamente arbitraria que no termine en un mercadeo administrativo sin sanción, y no existe sentencia judicial firme en materia urbanística que no se pueda ningunear durante años hasta que, amarillenta, se olvide beneficiando siempre al aprovechado con contactos. ... Para Iniciativa Ciudadana no valen las excusas cuando los hechos son tangibles: están ahí y se ven si se quieren ver, se tocan si se quieren tocar, y se huelen si se tienen unas narices honestas.